La definición más universalmente aceptada de partidos políticos es la de ser instituciones encargadas de agrupar las preferencias políticas de una sociedad para construir el interés general.

La función de los partidos, por tanto, es transformar las distintas preferencias de los ciudadanos en plataformas programáticas donde las distintas dimensiones de lo público se agrupen y se traten en forma más o menos coherente. En este proceso, los partidos reducen las dimensiones de la decisión colectiva a una dimensión –izquierda a derecha–, facilitando que las decisiones colectivas sean transitivas, y por tanto, estables. En dicho proceso, los partidos políticos apelan a ideologías universales e imaginarios colectivos en el proceso de representación y construcción del interés general. Sin embargo, en la vida real se ha visto que este no siempre es el caso. De hecho, para muchos críticos de los partidos políticos, empezando por Madison en Los Documentos Federales, consideran que los partidos no sólo no facilitan la agrupación de intereses individuales, sino que se constituyen en un escollo a la construcción del interés colectivo. El que esto suceda, sin embargo, dependerá de las reglas electorales y del sistema de gobierno que determinen los incentivos de los políticos a representar intereses más o menos generales. El propósito principal del presente artículo es demostrar esto último.

Si partimos de la base de que luego de duros y sangrientos esfuerzos encaminados hacia el desarrollo político en Latinoamérica, hemos optado por instaurar sistemas políticos democráticos presidencialistas, será más interesante evaluar hasta dónde esa opción se está aplicando adecuadamente.

El panorama político actual en nuestro hemisferio nos muestra una gran crisis en el sistema de partidos. El surgimiento de liderazgos unipersonales de corte populista, y por qué no decirlo, autoritario, sin fundamento ideológico claro y sin una organización política estructurada que los respalde, nos lleva a asegurar que algo está funcionado mal. Los partidos políticos efectivamente no están cumpliendo con su tarea de ser instituciones encargadas de agrupar las preferencias políticas de una sociedad, y menos aun han podido consolidarse como los motores para la construcción de políticas públicas encaminadas a satisfacer las necesidades de la mayoría de la población.

A pesar de lo anterior, los partidos políticos deben constituirse en el pilar fundamental para un adecuado funcionamiento de la democracia, sistema político que debe defenderse por encima de cualquier otro existente. Sería un gran error desconocerlo puesto que es el único sistema existente que defiende los principios de la libertad –derecho fundamental para la pacífica y justa convivencia de nuestra civilización–. Por lo tanto cualquier esfuerzo que se haga encaminado a fortalecer los partidos políticos en nuestros países es poco, si tenemos en cuenta que sin ellos rápidamente caeremos en el abismo. Populismos unipersonales como el de Hugo Chávez en Venezuela, o el de su discípulo Evo Morales en Bolivia, sin mencionar el daño que evidentemente hizo a la democracia del Perú un personaje como Alberto Fujimori, son muestra de un evidente e inadecuado funcionamiento de los partidos políticos en nuestro hemisferio.

En la búsqueda del “tesoro perdido”

En la búsqueda del fortalecimiento de los partidos políticos para que efectivamente sirvan de recopiladores de preferencias conducentes a propiciar el bien general, hay que tener ciertos aspectos bien claros. Los partidos deben ser instituciones: con esto quiero decir que deben ser organizaciones estructuradas que no sólo funcionen en épocas preelectorales. Los partidos, a diferencia de las personas, perduran en el tiempo. El período de un individuo en el poder en un sistema democrático donde se lleven a cabo elecciones con periodicidad, es finito, tiene fecha de expiración. La de un partido no. Partiendo de esa base los partidos deben constituirse en el ámbito a través del cual los políticos puedan tener la posibilidad de llegar al poder, es decir, el partido debe ser un ente que le dé nombre, despierte confianza en la ciudadanía y reputación al individuo que quiera representarlo. Es aquí donde el juego de balances y contrapesos em­pieza a funcionar.

En la medida en que el partido le ofrezca una infraestructura sólida que lo respalde y que a su vez genere confianza entre la población, el político no sólo se verá en la obligación de hacer una buena labor encaminada a propiciar políticas públicas de largo plazo que propendan al bienestar general, sino que también se sienta con la responsabilidad de responder ante los miembros de su partido. De lo contrario, no sólo el votante no lo reeligirá, sino que los demás políticos que forman parte de dicho partido y que están en “la fila india” hacia el poder lo vetarán, creándose así un círculo virtuoso de balances y contrapesos.

Aquí surge la segunda característica necesaria para que un sistema de partidos funcione adecuadamente: las normas electorales tanto externas como internas. Esto se logra con una profunda reforma del sistema electoral, con el robustecimiento de los mecanismos anticorrupción, la facilitación de los instrumentos de participación ciudadana, la regulación del acceso a los recursos financieros en campañas electorales y el reconocimiento de los derechos de oposición política. En materia electoral, es fundamental crear mecanismos conducentes a la concentración de fuerzas, con listas únicas y cerradas, distribución de curules utilizando sistemas como el de la cifra repartidora, utilizando un umbral del 5% mínimo, voto preferente, castigo a la doble militancia, entre otras.

Dicho esto, y a propósito de lo que quiero demostrar en el presente artículo, hay mecanismos que en la práctica han demostrado ser muy eficaces para disciplinar a los políticos y garantizar que el votante pueda premiar o castigar directamente a sus gobernantes. Esta regla electoral es la reelección, la cual curiosamente se asocia más con las personas que con los partidos . La importancia de la reelección como mecanismo para disciplinar a los políticos se asocia con la reputación. La idea es que el votante elige a un determinado político con la expectativa de que cumpla unas promesas de campaña. El político a su vez cumple con las prome­sas de campaña ante la expectativa de ser reelegido, aunque estas sean distintas de sus verdaderas convicciones. Por tanto, el ciudadano reelige a quien haya construido una reputación de gobierno.

Así mismo, las reglas electorales pueden influir directamente sobre el tamaño del gobierno y por ende en la composición del gasto público. Si aplicamos lo antes dicho a la teoría liberal, podríamos ver cómo hay incentivos para instaurar sistemas de representación proporcional. Al aplicarlo, por principio un mayor número de personas se verán representadas. Así pues, en donde exista un sistema de representación proporcional con partidos políticos fuertes, se llevarán a cabo programas de gobierno dirigidos a satisfacer las necesidades de grupos más grandes de la población a un menor costo (más adelante se explicará por qué).

A nivel interno, es fundamental que los partidos establezcan mecanismos democráticos para elegir al candidato que representará al partido en determinada contienda electoral. La capacidad de los partidos para disciplinar a sus integran­tes depende del control que éstos tengan sobre el futuro político de sus miembros. Entre los instrumentos más importantes están el poder de nominar candidatos, controlar el acceso al financiamiento y la posibilidad (9) de sanciones, incluyendo en algunos casos la revocatoria del mandato.

La importancia de la ideología y el camino hacia la gobernabilidad

Los partidos políticos además de funcionar como mecanismos de agrupación de intereses, también son necesarios para gobernar. Cuando se tienen que tomar decisiones en cuerpos colegiados como en los congresos o los parlamentos, se hace necesario conformar coaliciones. Las decisiones en este caso se deben tomar colectivamente, es decir, con el consentimiento de otras personas y no de manera individual. Conformar alianzas para votar iniciativas en parlamentos o congresos tienen altos costos de transacción. En especial, porque verificar los acuerdos entre los miembros de la coalición suele ser una tarea dispendiosa. Estos altos costos de transacción crean incentivos para que las coaliciones no sean coyunturales, sino más bien estables y de largo plazo. Por lo tanto la conformación de partidos políticos resulta ser una forma efectiva de economizar costos de transacción en la toma de decisiones en cuerpos colegiados.

No obstante lo anterior, es oportuno mencionar la importancia de la ideología como agente aglutinador, pues la ideología va íntimamente ligada a la conformación de partidos políticos, ya que gracias a ella las coaliciones son más proclives a mantenerse. En vez de consultar cada uno de los intereses que tie­nen los miembros de un partido sobre los distintos temas de la agenda pública, la existencia de una ideología y plataforma programática permite adoptar decisiones racionales y relativamente satisfactorias para los miembros del partido.

Partidos políticos sólidos y buenas políticas públicas de largo plazo

Si tomamos en cuenta varios elementos mencionados anteriormente, podemos entender cómo la suma de partidos políticos fuertes más la ideología nos lleva a tomar decisiones frente a un tema tan crucial como el del gasto público. Desde el punto de vista liberal podremos darnos cuenta de que formar partidos políticos fuertes nos reduce sustancialmente los niveles de gasto público. Esto se explica porque los partidos fuertes mitigan los costos políticos de financiar con impuestos o deuda los mayores niveles de gasto público. Además, con partidos políticos fuertes se podrían solucionar una serie de problemas en la conducción de la política fiscal puesto que al haber cambios de gobierno se garantizaría una continuidad en el modelo que se haya venido aplicando.

En resumen, la existencia de partidos po­líticos fuertes debe reducir la existencia de transacciones clientelistas.

Así pues, es de esperarse que las democracias con partidos fuertes que puedan disciplinar a sus miembros, tengan además de menor gasto público, menos déficit fiscal. Estos déficits fiscales generan en el inmediato futuro mayores niveles de deuda y por ende mayores impuestos para la ciudadanía. Así mismo se podría afirmar que sociedades con partidos fuertes tendrán menores niveles de endeudamiento.

El caso colombiano

Uno de los principales propósitos de la Constitución de 1991 fue el de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Este cambio obedece a una coyuntura en la historia colombiana muy particular, donde se acababa de firmar un acuerdo de amnistía con el movimiento guerrillero M-19 y por primera vez en la historia una organización de dicha proveniencia participaría en unas elecciones como movimiento político formal. La razón de pasar a un sistema “participativo”, por lo tanto, obedecía al interés que se creó por abrirles las puertas a diferentes vertientes políticas para participar activamente en la democracia a través de partidos o movimientos políticos y acabar con el tradicional bipartidismo hasta ahora existente. Pero hubo un gran error en las reglas electorales. El error radicó en que las normas para poder formar un partido o movimiento político fueron muy laxas. Es decir, pasaron de tener prácticamente dos partidos políticos a tener 76. Por obvias razones se empezó a degenerar el sistema hasta tal punto que llevó a que se crearan partidos casi unipersonales, pero no sólo eso, se llegó a niveles incalculables de ingobernabilidad.

Es importante recordar en este punto, que uno de los principios básicos de los sistemas presidencialistas se basa en el balance de poder entre el ejecutivo y el legislativo. Aquí se evidencia cómo los costos de transacción a la hora de buscar ese “balance de poder” entre las dos ramas del poder público se vieron menoscabados, pues ante tal atomización de partidos prácticamente unipersonales, las relaciones entre el gobierno y el Congreso se volvieron muy difíciles de manejar, porque la posibilidad de crear coaliciones para aprobar cualquier proyecto de ley salía muy costosa y en últimas se crearon unos incentivos negativos encaminados hacia la corrupción en su más pura esencia.

En el año 2003 se presentó un proyecto de ley de reforma política que fi­nalmente fue aprobado en la legislatura 2004-2005 orientado a transformar este anacrónico sistema existente, especialmente encaminado a reducir el número de partidos, la reinstitucionalización de la política y la derrota de proyectos personalistas. De igual manera este proyecto vino de la mano de otro que buscaba disciplinar a los partidos en su función parlamentaria llamado “ley de bancadas”.

La aplicación de estas nuevas reglas de juego ya dieron sus primeros frutos el pasado 22 de marzo de 2006 cuando se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias. Así pues, pasamos de tener 76 partidos o movimientos políticos a tener 11 en el Senado  de los cuales 5 forman parte de coaliciones favorables al gobierno y representan 61 de las 100 curules existentes. En la Cámara de Representantes, por su parte, se redujo a 22 partidos de los cuales 99 curules de 164 forman parte de la coalición gubernamental. Sin embargo, los efectos de esta reforma se verán mucho más claros en las elecciones parlamentarias de 2010.

Se podría afirmar entonces que la reforma política desempeñará un papel importante en la reinstitucionalización de la política porque implica una redefinición de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, ya que el presidente reelecto Uribe ya no tendrá que manejar sus relaciones con los parlamentarios de manera individual, sino con las bancadas. Así mismo, se facilitará la profesionalización de la política, pues los partidos serán la puerta de entrada y de salida para cualquiera que quiera hacer parte de las instituciones democráticas. En este mismo orden de ideas, se permitirá aumentar los niveles de gobernabilidad y generará transparen­cia en las relaciones entre el Congreso y el gobierno. Se pasará de un sistema de mayorías construidas para cada proyecto, a un sistema de mayorías construidas con anticipación dentro de un gobierno de coalición dentro de un sistema claramente multipartidista.

Aunque queda por verse qué tan exitosa va a ser la dinámica bajo las nuevas reglas de juego, o qué tan estrictas van a ser las sanciones para quienes no apliquen dichas reglas, lo claro es que ya hubo un primer gran avance y fue la reducción sustancial del número de partidos o movimientos políticos en la democracia colombiana. El último reto es que estas coaliciones desemboquen en un verdadero partido político que estructure a largo plazo el proyecto político del presidente Álvaro Uribe y así mismo se creen todas las condiciones para un adecuado establecimiento de la oposición.

A manera de conclusión

Siguiendo en este mismo orden de ideas, cuando tenemos partidos políticos institucionalizados, que van más allá de lo puramente electoral, y sirven de infraestructura para el desarrollo de políticas públicas integrales, adecuadas y encaminadas a proyectos de largo plazo basadas en ideologías claras donde hayan posiciones comunes frente a los temas económicos, sociales, de responsabilidad estatal, de manejo de la seguridad nacional, de justicia, entre otros, podremos por fin decir que logramos consolidar un sistema democrático verdaderamente integral y en busca del bienestar de la mayoría de la población.

Marcela Prieto es Directora del Insituto de Ciencia Política de Colombia.